Maricarmen tenía 87 años y llevaba unos setenta viviendo en el mismo piso de Madrid. Lo alquiló su padre, el contrato pasó después a su madre y ella siguió allí, pagando, como siempre había hecho. Hasta que la empresa propietaria decidió que ese contrato ya no valía y le puso delante un alquiler nuevo que no podía pagar. Según se ha publicado, de unos 500 euros a 2.650. El 23 de septiembre la desahuciaron. El 7 de octubre murió, después de quince días ingresada en el hospital.
Ya sé lo que van a decir algunos: que era muy mayor, que no se puede saber qué la mató, que no hay que hacer política con una muerte. Pues miren, yo llevo treinta años de enfermera y he visto morir a mucha gente mayor. Y sé lo que le hace a una persona de 87 años que la saquen de la única casa que conoce. No hace falta ser médico para entenderlo. Basta con tener una abuela.
Lo que más rabia me da es el final. El Sindicato de Inquilinas consiguió un acuerdo que le habría permitido volver a su casa. Llegó tarde. Cuando por fin alguien se sentó a negociar, ella ya estaba en una cama de hospital. Eso es lo que define este país en materia de vivienda: todo llega tarde. Las leyes llegan tarde, los decretos se tumban en el Congreso, las ayudas se tramitan cuando el desahucio ya está hecho.
Maricarmen no es una excepción, es un síntoma. En mi barrio la mitad de mis vecinos de toda la vida se han tenido que ir. Los pisos se compran por bloques enteros, se reforman un poco y salen al mercado al doble o al triple. A los mayores les llegan cartas de abogados. A los jóvenes ni siquiera les llega eso, porque directamente no pueden entrar. Mi sobrina tiene 31 años, un contrato indefinido y comparte piso con dos desconocidos. Y le dicen que es una privilegiada.
La vivienda no puede ser solo un negocio. Es un derecho que viene en la Constitución, en el artículo 47, aunque parezca que lo escribieron en tinta invisible. Un país que deja que una anciana pierda su casa de toda la vida porque a un balance le salen mejor las cuentas no es un país libre: es un país donde solo son libres los que tienen la propiedad.
Hace falta parque público de alquiler de verdad, no anuncios. Hace falta limitar los precios en las zonas tensionadas sin que cada comunidad autónoma busque la manera de no aplicarlo. Hace falta proteger a los inquilinos mayores y vulnerables antes de que llegue la comisión judicial, no después. Y hace falta que las empresas que compran edificios enteros con gente dentro no puedan tratar a sus inquilinos como una molestia que se quita de en medio.
Su muerte ha llenado las calles de gente en toda España, y hasta ha acabado adelantando unas elecciones. Ahora todos los políticos la nombran. Me parece bien que la recuerden, pero el mejor homenaje no es decir su nombre en un mitin. Es que no haya otra Maricarmen.
Yo, por si acaso, no pienso olvidarla. Y el 29 de noviembre tampoco.
